Crisis en el INE lleva a exigir mayor vigilancia de recursos electorales en Tamaulipas
Consejera electa del IETAM propone auditorías externas, mayor transparencia en contrataciones y sanciones ante posibles irregularidades
Ante los cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), María Isabel Tovar de la Fuente, consejera electa del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), consideró necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y supervisión administrativa en los organismos electorales del país.
La funcionaria señaló que la situación que atraviesa el INE, marcada por controversias administrativas y versiones sobre la presunta renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei, representa una oportunidad para revisar los controles internos y garantizar un manejo adecuado de los presupuestos. Entre sus propuestas destacan la implementación de auditorías externas y una mayor participación ciudadana en la vigilancia de las adquisiciones.
Tovar de la Fuente, quien anteriormente estuvo al frente de la Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el INE del IETAM, también planteó revisar los contratos otorgados a proveedores de materiales electorales, con el propósito de evitar la concentración de adquisiciones y favorecer condiciones de competencia en los procesos de contratación.
Asimismo, consideró que las decisiones relacionadas con el ejercicio presupuestal no deben concentrarse únicamente en las presidencias de los organismos electorales, sino contar con la supervisión activa de los integrantes de sus consejos. En ese sentido, sostuvo que cualquier señalamiento de irregularidades debe investigarse y, de comprobarse responsabilidades, aplicarse las sanciones correspondientes.
La consejera electa, quien tiene previsto rendir protesta este martes 3 de noviembre, reiteró que la vigilancia de los recursos públicos debe mantenerse de manera permanente, independientemente de los cambios en las dirigencias. Subrayó que fortalecer la rendición de cuentas resulta fundamental para conservar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.