Olga Sosa y su hipocresía: belleza privada con dinero público
Hay decisiones que, por pequeñas que parezcan, revelan mucho más de lo que cualquier discurso pretende ocultar. La reapertura y operación de un salón de belleza privado dentro del Senado —financiado con recursos públicos— no es un simple exceso administrativo: es una clara postal de la falta de empatía y la doble moral que hoy carcomen la credibilidad de las senadoras de la república.
Olga Sosa utilizó el salón de belleza privado del Senado
En medio de esta polémica, ha trascendido que la senadora tamaulipeca Olga Sosa utilizó el salón de belleza privado del Senado, un espacio exclusivo cuya operación —según El Financiero— incluyó un gasto cercano a 200 mil pesos en maquillajes y productos de estética pagados con dinero público. Su reciente cambio de imagen no solo llamó la atención, sino que terminó por exhibirla como uno de los rostros más visibles de una práctica que contradice abiertamente el discurso de austeridad.
Durante años se ha insistido en la austeridad como mandato moral frente a un país marcado por los privilegios y abusos del poder. Se pide a la ciudadanía apretarse el cinturón, aceptar recortes, normalizar la precariedad y agradecer “la disciplina fiscal”. Pero mientras tanto, en la cúpula del poder, se normalizan gastos superfluos, comodidades de élite y privilegios que no resisten el mínimo contraste con la realidad cotidiana.
El problema es la imagen de las senadoras retocándose mientras millones trabajan jornadas extendidas sin servicios básicos; es la sensación de que hay dos países: el que predica sacrificio y el que lo esquiva. Esa escena se vuelve ofensiva cuando se recuerda que hay hospitales sin medicamentos, inseguridad en casi todo el país, escuelas con carencias y familias que cuentan monedas para llegar a fin de mes.
A esta escena se suma otro episodio que encendió la indignación: el del ministro Hugo Aguilar, captado mientras dos colaboradores se agachan para limpiarle los zapatos —con valor de $17,200— antes de un acto oficial. El hecho, documentado por medios nacionales, no es un descuido protocolario; es un símbolo. La reverencia innecesaria, la jerarquía llevada al extremo y la normalización del trato servil revelan una cultura del privilegio que choca de frente con cualquier narrativa de austeridad republicana.
En el caso de la senadora Olga Sosa Ruiz, su defensa se basa en apelar a la normalización: “siempre ha existido”, “no es nada fuera de lo común”, “son gastos menores”. Ese argumento es precisamente el corazón del problema. Lo que se ha normalizado es la desconexión. La política dejó de preguntarse cómo se ve, cómo se siente y a quién lastima con sus decisiones. Y cuando la indignación aparece, la respuesta no es autocrítica, sino tecnicismos que no llevan a ningún lado.
La austeridad no puede ser un eslogan selectivo. O es una convicción que empieza por casa, o es una coartada para administrar privilegios con retórica. Habrá que recordarle a Olga Sosa que las palabras senadorA, coruptA y huachicolerA también terminan con “A”.
Hoy, más que indignación, hay cansancio. Cansancio de ver cómo la austeridad se posterga, cómo la empatía se sacrifica y cómo la política insiste en mirarse al espejo mientras el país espera soluciones.